Alcaldesa de Doral niega participación policial en redadas de ICE mientras defiende acuerdo
En pocas palabras
La alcaldesa de Doral afirma que la policía local no participa en redadas de ICE a pesar de tener un acuerdo vigente, explicando que la ciudad actuó bajo presiones estatales.
Más detalles
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha dejado claro que la Policía de la ciudad no participa en las redadas de inmigración que lleva a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). A pesar de esto, la ciudad mantiene vigente un acuerdo 287(g) con ICE.
Este acuerdo permite que ciertos agentes locales colaboren con ICE en tareas de aplicación de leyes migratorias federales. El acuerdo en cuestión, firmado el 7 de enero de 2026, es bajo el modelo Task Force.
📄 2. Dónde y cuándo
El acuerdo 287(g) fue firmado el 7 de enero de 2026, involucrando al Departamento de Policía de Doral y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La alcaldesa Fraga ha asegurado que, hasta la fecha, ningún oficial de Doral ha participado en redadas de ICE, y que la policía local no tiene oficiales entrenados para tales funciones migratorias bajo este convenio.
📄 3. Por qué es importante
La importancia radica en la tensión entre mantener un acuerdo federal y la garantía de que la policía local no se involucre directamente en operaciones de deportación.
Esto afecta a la comunidad inmigrante, que puede sentir temor ante la presencia policial vinculada a ICE, y a la propia imagen de la ciudad de Doral, que busca diferenciarse de acciones de aplicación migratoria directa por parte de su policía.
📄 4. Qué dicen las partes
La alcaldesa Fraga defiende que la ciudad aceptó el convenio 287(g) debido a presiones y posibles consecuencias legales planteadas por el estado de Florida.
Sostuvo que actuó bajo el consejo de los abogados de la ciudad y mencionando advertencias de funcionarios estatales y del gobernador Ron DeSantis, quienes habrían presionado para la cooperación migratoria.
📄 5. Qué viene ahora
La alcaldesa ha anunciado que buscará una determinación oficial del Fiscal General de Florida antes de tomar una decisión final sobre si mantener o rescindir el acuerdo 287(g).
Mientras tanto, líderes comunitarios y políticos locales están pidiendo a Doral que cancele el acuerdo, argumentando que la ciudad debería desvincular a su policía de las leyes migratorias federales.
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