Cuba busca mejorar sus finanzas públicas con nuevas reglas para entidades estatales

El gobierno cubano ha lanzado nuevas reglas para cambiar cómo se financia el sector público. Esto busca aliviar la crisis económica que atraviesa el país.

Estas normas, aprobadas mediante el Decreto 127/2025, afectan a las llamadas unidades presupuestadas, que antes dependían totalmente del Estado para funcionar. Ahora, podrán ganar su propio dinero y gestionar mejor sus recursos.

📄 ¿Qué está pasando?

Se trata de un cambio en la forma en que operan más de 2,400 entidades estatales. Más de la mitad de los empleados públicos trabajan en estas instituciones.

La idea es que estas entidades puedan generar sus propios ingresos, quedarse con parte de las ganancias y usar sistemas de pago basados en resultados.

📄 ¿Cuándo y dónde?

Estos cambios entran en vigor con el Decreto 127/2025, aprobado en 2025. Las medidas impactan a un gran número de instituciones públicas en toda Cuba.

Las entidades involucradas cubren áreas clave como salud, cultura, ciencia y administración pública.

📄 ¿Por qué importa esto?

Esta medida es importante porque busca hacer que el gobierno funcione de manera más eficiente. Al permitir que las entidades generen ingresos propios, se espera reducir la presión sobre el presupuesto estatal, que está muy ajustado.

También se busca mejorar la calidad de los servicios que estas entidades ofrecen a la población.

📄 ¿Qué dicen las partes?

El gobierno cubano explica que el objetivo es modernizar la gestión pública y adaptarla a las dificultades económicas. Se busca un modelo que combine administración y economía.

Aunque algunas áreas como educación seguirán financiadas principalmente por el Estado, se permitirán incentivos y una gestión más flexible.

📄 ¿Qué viene ahora?

Algunas de estas unidades podrían transformarse en empresas estatales si desarrollan actividades económicas fuertes. Se espera que estas nuevas reglas impulsen la generación de ingresos por parte de las propias instituciones.

Los cubanos estarán pendientes de cómo estos cambios afectan los servicios públicos y la economía del país en los próximos meses y años.