Cuba Refuerza Controles Aduaneros con Nueva Ley

Este martes entró en vigor en Cuba el Decreto-Ley 108, una nueva legislación aduanera que actualiza las reglas y le da más poder a la Aduana General de la República.

Este paquete de leyes, que incluye también el Decreto 134 y varias resoluciones, reemplaza más de 40 normativas antiguas y trae consigo mecanismos modernos para supervisar lo que entra y sale del país.

📄 ¿Qué pasó y dónde?

La nueva ley aduanera cubana, el Decreto-Ley 108, comenzó a aplicarse el martes 22 de abril de 2026. Esta ley rige en todos los puntos de entrada y salida de Cuba, afectando tanto a los viajeros como a las mercancías que se mueven a través de las fronteras.

Los principales involucrados son la Aduana General de la República, que ve ampliadas sus facultades, y todos los ciudadanos y entidades que realizan operaciones aduaneras.

📄 ¿Por qué importa esta ley?

Esta normativa es importante porque moderniza y fortalece los controles fronterizos en Cuba. Le da a la Aduana herramientas para actuar con más decisión, incluyendo la capacidad de retener o confiscar bienes si se sospecha de actividades ilegales.

También institucionaliza el uso de tecnología avanzada, como rayos X y cámaras de vigilancia, para hacer las inspecciones más eficientes y disuadir el contrabando o actividades ilícitas.

📄 ¿Qué dicen las autoridades?

El Gobierno cubano ha explicado que esta reforma busca alinear los procedimientos aduaneros del país con los estándares internacionales, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas.

Se ha enfatizado que, a pesar de los mayores controles, las reglas para importar artículos personales como alimentos y medicinas se mantienen igual que antes, según la Ley 22/2020.

📄 ¿Qué sigue ahora?

Ahora, la Aduana podrá crear o eliminar unidades, decidir sobre la retención de bienes y sus acciones ante presuntos delitos tendrán peso legal similar al de los órganos de instrucción penal.

Se espera que el uso de tecnologías de vigilancia se generalice, y que las personas que se nieguen a pasar los controles puedan ser impedidas de entrar o salir del país. La normativa busca optimizar la gestión en las fronteras.