El Miamero lunes, 17 de agosto de 2026

Ex-policía de Miami se declara culpable de fraude millonario con fondos de la pandemia

Ex-policía de Miami se declara culpable de fraude millonario con fondos de la pandemia

En pocas palabras

Un exagente de policía de Miami Gardens se declaró culpable de obtener $63,900 en fondos federales de ayuda por COVID-19 mediante declaraciones falsas sobre los ingresos de su empresa.

Más detalles

📄 Qué pasó

Un exagente del Departamento de Policía de Miami Gardens, Alvin Bernard, de 38 años, se ha declarado culpable de fraude. Presentó información falsa ante la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para obtener 63.900 dólares de un programa federal de préstamos por desastre económico (EIDL). Este programa fue creado para ayudar a negocios afectados por la pandemia de COVID-19.

📄 Dónde y cuándo

El incidente ocurrió en Miami Gardens, Florida. La declaración de culpabilidad se hizo ante un tribunal federal. Bernard, actuando como único gerente de Vanity Properties LLC, presentó una solicitud electrónica para los fondos federales. La solicitud se basaba en ingresos brutos falsos declarados para los 12 meses previos al 31 de enero de 2020.

📄 Por qué es importante

Este caso pone de manifiesto el uso indebido de fondos públicos destinados a la recuperación económica durante una crisis sanitaria. El fraude contra programas de asistencia federal socava la confianza en las instituciones y desvía recursos vitales de quienes realmente los necesitan. La acción subraya los esfuerzos de las autoridades para investigar y sancionar el mal uso de estos fondos de emergencia.

📄 Qué dicen las partes

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones destacó que Bernard utilizó su posición como agente para defraudar un programa financiado por los contribuyentes. Bernard admitió haber realizado una declaración falsa y aceptó renunciar a su puesto policial. Se comprometió a no solicitar la renovación de su certificación como agente del orden público en Florida.

📄 Qué viene ahora

Alvin Bernard enfrenta una pena máxima de dos años de prisión federal por el delito admitido. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, ha renunciado a su cargo policial y a su certificación. Este caso se suma a una serie de investigaciones federales sobre posibles fraudes cometidos contra los programas de ayuda económica de la pandemia.

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