Juicio a creadora cubana Anna Bensi y su madre genera apoyo masivo

Este jueves, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este lleva a juicio a la joven creadora de contenido Anna Bensi y a su madre, Caridad Silvente. El proceso, que comienza a las 10 de la mañana, ha captado la atención tanto dentro como fuera de Cuba, con un fuerte respaldo para las acusadas.

El caso se remonta al 10 de marzo, cuando un agente del Ministerio del Interior visitó la casa de Anna y su madre para entregarles una citación de la Seguridad del Estado. La joven grabó el encuentro y luego compartió el video en redes sociales. Este acto las llevó a ser procesadas por el presunto delito de "actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos", según el artículo 393 del Código Penal cubano.

Aunque el proceso fue archivado inicialmente en abril, se reabrió posteriormente, confirmando que madre e hija serían juzgadas. Ambas se encuentran actualmente bajo arresto domiciliario y tienen prohibido salir del país. La fecha del juicio ha sido pospuesta en ocasiones anteriores, siendo la cita actual la del 1 de octubre.

La ola de apoyo hacia Anna y Caridad ha crecido significativamente. La cantante La Diosa, el humorista Andy Vázquez, el influencer Kristoff Kriollo, y las artistas Claudia Artiles y Claudia Valdés han manifestado públicamente su respaldo. Incluso organizaciones religiosas, como la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, han expresado su solidaridad y han pedido respeto al debido proceso, la libertad de expresión y la dignidad de las acusadas.

Este caso también ha impulsado un debate sobre los derechos ciudadanos al grabar a funcionarios públicos. La organización Cubalex ha analizado jurídicamente el caso, sosteniendo que grabar a agentes policiales es un derecho ciudadano y cuestionando la acusación contra Anna y su madre. Ahora, la expectativa se centra en el tribunal y en las posibles consecuencias para Anna Bensi y Caridad Silvente. La parte querellante solicita dos años de limitación de libertad para cada una, además de exigirles una retractación y disculpa pública.