Trabajadores de Miami-Dade Podrían Ver Reducido su Salario Digno por Nueva Ley
En pocas palabras
Una nueva ley de Florida impide que Miami-Dade exija un salario digno en contratos con empresas. Miles de trabajadores podrían ver reducidos sus ingresos al renovarse los acuerdos.
Más detalles
A partir del 30 de septiembre de 2026, el condado de Miami-Dade ya no podrá exigir que las empresas con contratos públicos paguen un salario digno a sus empleados. Esto se debe a la ley estatal HB 433, aprobada en 2024.
Hasta ahora, el condado podía establecer un salario mínimo más alto que el estatal para ciertos trabajadores de compañías contratadas. Por ejemplo, para el año fiscal 2026-2027, el salario digno era de 22,53 dólares por hora sin beneficios de salud, y 18,40 dólares con ellos.
La nueva ley, sin embargo, prohíbe que Miami-Dade incluya esta exigencia en los contratos que se firmen después de la fecha mencionada. Esto afectará a empleados en sectores como limpieza, seguridad y servicios aeroportuarios.
Es importante saber que nadie perderá su salario de inmediato. Los trabajadores con contratos vigentes antes del 30 de septiembre seguirán con las mismas condiciones hasta que sus contratos expiren. El cambio se sentirá cuando estos acuerdos sean reemplazados por otros nuevos.
En esos nuevos contratos, las empresas ya no estarán obligadas por el condado a pagar el salario digno. El salario mínimo actual en Florida es de 15 dólares por hora. Esto significa que un trabajador que hoy gana 22,53 dólares por hora podría pasar a ganar 15 dólares en un futuro contrato, una reducción de 7,53 dólares por hora.
Esta diferencia, trabajando a tiempo completo, podría significar unos 15.662 dólares menos al año para el trabajador afectado. Sin embargo, las empresas no están obligadas a bajar el salario al mínimo estatal; algunas podrían optar por mantener o ajustar sus propias escalas salariales.
El programa de salario digno de Miami-Dade ha estado en vigor desde 1999. La reciente legislación estatal limita la capacidad del condado para usar sus contratos públicos para imponer estos requisitos salariales. Por lo tanto, el impacto será gradual, dependiendo de las fechas de vencimiento de los contratos actuales y las ofertas de las empresas en los nuevos acuerdos.
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